El Gobierno ha enviado al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley para mejorar la regulación sobre propiedad intelectual, propiciando una oferta creativa que sólo podrá desarrollarse en un entorno legal y de mercado favorable, donde el papel de los derechos de autor es fundamental para establecer los equilibrios.

La actual Ley de Propiedad Intelectual data de 1970 y, obviamente, no está resolviendo los problemas de nuestra industria cultural, ni contempla los necesarios resguardos para garantizar el acceso de la ciudadanía a la producción cultural, en especial aquella de sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Nuestra iniciativa legal responde a los cambios tecnológicos de los últimos años y se hace cargo de los compromisos internacionales adquiridos a través de los acuerdos comerciales suscritos por Chile.

El proyecto se ha inspirado en la convicción de que el crecimiento de nuestro país se funda no sólo en el aumento del bienestar económico y en la superación de la marginalidad material, sino en un desarrollo humano que concibe el acceso a los bienes y servicios culturales como un derecho irrenunciable para participar en una sociedad más integral y justa.

Según los datos de las propias industrias, el comercio ilegal de bienes culturales alcanza en Chile los 200 millones de dólares, que corresponden básicamente a libros, software, música y películas pirata, lo que significa pérdidas para las industrias culturales, para los propios autores, así como para el Estado, por menores ingresos fiscales.

Compartimos este diagnóstico, que da cuenta del inadecuado régimen vigente de sanciones a las infracciones que atentan contra los derechos de autor.

Por ello se propone una serie de modificaciones destinadas a combatir de forma más severa la piratería, otorgando más y mejores instrumentos legales para la investigación y condena de estos delitos, con un aumento efectivo de las sanciones civiles y penales.

Pero la reforma es más profunda. Desde la perspectiva del acceso se establece un régimen de excepciones y limitaciones al derecho de autor, destinado a garantizar el acceso a la cultura de los grupos más vulnerables como los discapacitados -que requieren de estas normas para reproducir legalmente la creación literaria en código auditivo o lenguaje braille-, además de ampliar el acceso a bienes culturales de los usuarios de bibliotecas y archivos e instituciones educacionales.

Creemos firmemente en la importancia del derecho de autor como una herramienta de fomento e incentivo a la creación, generadora de desarrollo y bienestar en las naciones, a través de una regulación equilibrada, tal como lo señala la Carta Cultural Iberoamericana suscrita por nuestra Presidenta en noviembre de 2006.

Queremos construir entre todos un medio ambiente cultural e intelectual abierto, tolerante, asequible y diverso, donde las expresiones artísticas y culturales de todos tengan un espacio, tal como lo promueve la Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ratificada por nuestro país y vigente desde el 18 de marzo recién pasado.

Hemos optado por una agenda progresiva. La primera etapa se materializó en el año 2003, cuando se aprobaron dos importantes reformas. Ahora ingresamos al Congreso Nacional aquellas modificaciones generales a la ley y, a partir de esta iniciativa, comenzaremos la última etapa de la agenda, mediante un trabajo sistemático con cada uno de los sectores interesados, para preparar futuras iniciativas legales que recojan cada una de las legítimas aspiraciones sectoriales.

Confiamos en una discusión parlamentaria abierta, clara y responsable, en la cual las distintas visiones se expresen en el marco del contenido del proyecto, para precisar y profundizar sus alcances.