El detenido, fue responsable informático de la empresa afectada, por lo que antes de marcharse de la misma para abrir su propio negocio, introdujo el control remoto en un ordenador, asegurándose, con ello, obtener toda la información directamente en su ordenador una vez creada su nueva agencia inmobiliaria.

Estos hechos podrían suponer un ilícito penal, al apoderarse de datos que constituyen un secreto de empresa (Art. 278 C.P). Este delito tiene acarreada una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Por otro lado, estos hechos suponen un incumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que regula y protege el uso y tratamiento que se realiza de los datos personales de las personas.

Los datos personales forman parte de la intimidad y privacidad del individuo, derecho reconocido y protegido por nuestra constitución. (artículo 18.1 y 4 C.E) por lo que una vulneración de este derecho podría suponer para su autor una considerable sanción económica.